Hay tres veces más guardias de seguridad y vigilantes privados que policías en Chile. Y la cifra va en alza. Cada semana, Carabineros evalúa a unas 1.650 personas que quieren ingresar o mantenerse en el rubro. Sus servicios reportan un promedio de al menos $37.000 millones al mes a la industria. CIPER se introdujo en uno de los sectores más lucrativos del país y descubrió que con más de mil empresas, un crecimiento anual de dos dígitos y una facturación que bordea los US$1.000 millones, además de índices de delincuencia que no disminuyen y una población que se siente insegura, la venta de seguridad es negocio redondo. Más aún en tiempos de crisis económica. Tanto, que no sólo los privados ganan: Carabineros, la única autoridad fiscalizadora en la materia, percibe cerca de $400 millones al año sólo por acreditar a guardias y vigilantes.
Es sábado, faltan pocos minutos para las 8:00 horas y como cada semana, en las puertas de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Macul la gente se empieza a reunir. Algunos llegan en grupo, otros lo hacen solos. La gran mayoría son jóvenes que vienen por primera vez. Los demás están aquí por el perfeccionamiento que cada tres años les exige la ley. A muchos se les escapa la ansiedad. Al abrirse el portón metálico, estarán a sólo instantes de sentarse en una sala y rendir la prueba que la Dirección de Seguridad Privada de Carabineros (OS-10) les tiene preparada. Para aprobar necesitan el 60% de aciertos. Si lo logran estarán acreditados para trabajar por los próximos tres años en una de las industrias más rentables y menos reguladas que existen en el país: serán guardias de seguridad.
En casi 30 años, la cantidad de empresas dedicadas a la seguridad privada creció en más de un 500 por ciento. Los guardias y vigilantes privados –se diferencian en que los segundos portan armamento (
ver recuadro 1) – triplicaron la dotación de las policías y el rubro se convirtió en un negocio millonario.
Para 1998, la facturación anual de las empresas de seguridad era de $50.000 millones. Pero en menos de una década, sus ingresos aumentaron en un 1.000%. Entre servicios de vigilancia, transporte de valores, monitoreo de alarmas y tecnologías de seguridad, la facturación de 2007,
según un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, llegó a los $584.000 millones (US$1.119 millones). Y a diferencia de otros rubros de alto crecimiento, como las AFP y las Isapres, que en el último año desminuyeron sus ganancias, la seguridad privada tiene un punto a favor: su rentabilidad está en directa proporción con la sensación de miedo de las personas. En tiempos de crisis, es negocio seguro.
Lo anterior quedó demostrado en 1999. Mientras el desempleo crecía y los índices de producción y venta industrial se desplomaban en el peor año de la crisis asiática, la industria de la seguridad privada sacó los frutos más jugosos de su historia. De acuerdo a
un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, ese año la sensación de “alto temor” en la población se elevó al 16,9 por ciento. Entre alarmas, cámaras, cercos eléctricos, transporte de valores y servicios de vigilancia, la facturación anual alcanzó los $200.000 millones, cuadruplicando la del año anterior. Pero si esa cifra era un sueño para los que iniciaron el mercado a fines de los ’70, hoy parece irrisoria.
-El mercado de la seguridad privada ha crecido de manera completamente inorgánica –dijo Felipe Harboe a CIPER poco antes de dejar su cargo como subsecretario del Interior.
Harboe conformó un grupo de trabajo para elaborar una nueva la ley sobre seguridad privada. Durante su estudio, obtuvo cifras que grafican una realidad del mercado distinta a la que arrojan otros análisis, pues el número de empresas detectada dobla la cifra que se maneja comúnmente: “Hemos tenido un crecimiento en los últimos años de entre un 8% y 11% anual. Es un mercado que mueve entre 1.300 y 2.600 empresas, que crea 120 mil empleos directos, de una facturación entre los 800 y mil millones de dólares al año (…) Esto es una tendencia global. En el mundo, el mercado de la seguridad privada ha ido creciendo en la medida que la gente se siente cada vez más vulnerable”.
En Chile, al menos según la
última encuesta de temor en la población de Libertad y Desarrollo, la gente se siente vulnerable: la percepción de “alto” y “muy alto” temor en la población es de 62 por ciento. Si a eso se le suma la dispersión y anacronismo de las pocas leyes que regulan el sector y la escasa profesionalización del rubro (
ver recuadro 2), resulta que el escenario para el crecimiento de la industria del miedo es –y ha sido- perfecto.
-Siempre he dicho que la inseguridad es un gran negocio que le conviene a varios –agregaba Harboe.
“Uno puede sentirse seguro, pero no lo está”
Según la misma encuesta de Libertad y Desarrollo, el 75% de las personas considera que la presencia policial en su barrio es nula o insuficiente y el 34% cree no poder dejar su casa sola. Además, el estudio dice que al menos 199.182 delitos no fueron denunciados porque “no sirve de nada” hacerlo. Este contexto ha sido clave en el alza de ventas de dispositivos de seguridad: el 58% de los encuestados posee rejas en puertas y ventanas, alarmas o guardias en sus hogares. Pero a pesar de las medidas tomadas, la sensación de inseguridad permanece.
-La gente compra lo que no les da el Estado, el que tiene la obligación de generarnos una plataforma de seguridad. Pero al comprar seguridad privada, técnicamente lo que uno compra es seguridad ilusoria. Uno puede sentirse seguro, pero en la práctica no lo está –dice Jorge Lee, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Antidelincuencia de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Es el autor de los cuatro estudios sobre la Oferta de la Industria de Seguridad Privada (2003, 2004,
2005 y
2007), desde donde se obtuvo gran parte de las cifras sobre este negocio.
Así le pasó al actor Juan Falcón. El 8 de enero, el robo en su casa de Lo Barnechea apareció en la portada de varios diarios. La noche anterior salió sintiéndose seguro: en su casa tenía alarma y dos cámaras de vigilancia. Pero tres extraños ingresaron mientras él comía en un restaurante. En 20 minutos, entraron tres veces. Se llevaron algunas especies, unos amplificadores avaluados en dos millones de pesos –que no eran de Falcón, sino que del cantante Alberto Plaza– y destruyeron una de las cámaras. La que quedó sirvió para identificar a los ladrones: uno de ellos era un guardia de seguridad que trabajaba en el sector.
En los últimos 6 meses, la prensa ha mostrado varios delitos con guardias de seguridad involucrados: un parricidio, tres intentos de femicidio (dos con disparos y uno con parafina y fuego), dos asesinatos por golpizas en supermercados, una condena por un asalto por $59 millones en el mismo hotel en que trabajaba el guardia y un manoseador de escolares en una micro. Si se revisan casos más antiguos, hay episodios de
vigilantes privados implicados en robos millonarios a camiones blindados y otros de instaladores de alarmas que después de ponerlas vuelven para robar.
Y es que la evaluación que se les hace a los guardias para acreditarlos, no contempla ningún examen sicológico. De hecho, a diferencia de los vigilantes privados, que en su totalidad son evaluados en esa área por las compañías que los contratan, sólo el 64,7% de las empresas de guardias exigen un test sicológico a sus empleados. Pero en ningún caso es determinante para su acreditación.
Sin embargo, nada de eso ha hecho mella en el explosivo desarrollo que la industria de la seguridad ha tenido desde sus inicios.
Nace un mercado
Ya pasaron los minutos. Un carabinero abre el portón de la Escuela de Suboficiales. Cerca de 900 personas ingresan con su cédula de identidad en la mano. Si se suman los aspirantes de regiones, cada sábado se presentan alrededor de 1.500 postulantes a dar el examen que les permitirá desempeñarse
junto a los 92.864 guardias activos que ya existen en el país.
El número no es menor: significa una fuerza que cuenta con más del doble de efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto. Y que además de estar en crecimiento, considera sólo a los que están registrados. Sobre los informales, ya en 2006 la Encuesta Casen estimaba la presencia de 21.700 guardias de seguridad no registrados a lo largo de Chile. Desde entonces, como ha sido la tendencia desde que comenzó el negocio de la seguridad, la cifra ha ido en aumento.
Aunque la venta de seguridad comenzó a fines de los ’70, restringida al transporte de valores, en poco tiempo se expandió a otros sectores. En 1981 se promulgó el
Decreto Ley Nº 3.607, que abría el campo y establecía ciertas normas para el creciente número de compañías que ofrecían servicios de vigilancia para empresas, transporte de valores y ubicación de clientes morosos. El reglamento indicaba que los vigilantes serían escogidos de preferencia entre el personal en retiro de las FF.AA. y Carabineros, que las empresas de servicios financieros y estratégicas debían contar con una oficina de seguridad propia y que la CNI sería un organismo asesor y de apoyo para ellas. Y aunque con posterioridad se le han introducido varias modificaciones al cuerpo legal, aún es la norma rectora para el rubro.
En ese entonces ya se contabilizaban 200 empresas dedicadas a la seguridad, y la mayoría era propiedad de ex uniformados. Esa ha sido la tendencia; la seguridad privada aún es considerada por muchos como una continuidad de la carrera armada. Por lo mismo, muchos uniformados que han sido forzados a pasar a retiro por su vinculación con alguna irregularidad que no fue judicializada, y también ex miembros de la DINA y la CNI, se reciclaron en esta industria. El ex jefe de la CNI, Odlanier Mena, creó la empresa de seguridad Asise. Lo mismo hizo Manuel Contreras, ex jefe de la DINA: su empresa Alfa Omega estaba a menos de una cuadra de un céntrico recinto de detención y tortura a cargo de su organización, la Clínica Santa Lucía.
A principios de los ’80, era la Guarnición de Ejército la que estaba a cargo de la fiscalización y control de la industria. Bajo ese control, el negocio aseguró su crecimiento a través de ex miembros de las FF.AA. y las policías.
En esos años, Prosegur también había irrumpido en el mercado. El actual presidente del holding en Chile, Rodrigo Zulueta Galilea, y Alberto Labbé Galilea, hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, crearon las tres empresas que dieron origen a la que ahora es la mayor empresa de seguridad del país: Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Ltda. (cuyo nombre de fantasía era Prosegur Ltda., 1979), Servicios Prosegur Ltda. (1983) y la empresa de capacitación para agentes de seguridad privada, Capacitaciones Ocupacionales S.L. (1991). La suma del capital inicial de las tres sociedades fue el equivalente a US$480.000 de la época, aunque según
su sitio web en un comienzo “las actividades se realizaban con sólo dos camiones y mucho esfuerzo”. Hoy cuentan con 230 unidades blindadas, casi la mitad de los camiones que transportan valores en Chile, además de 235 vehículos para Courier, 17 sucursales, 27.000 m² en plantas de operaciones, más de un millón de viajes al año y se reparte junto a Brink’s el 80% del mercado de transporte de valores. Algo nada despreciable si se considera que ese rubro constituye el 14,5% de la facturación total de la industria, lo que equivale a unos US$162 millones al año.
El boom de la seguridad
Mientras el negocio de la seguridad comercial e industrial crecía sin pausa, en 1992 debutó el servicio de seguridad residencial, lo que impulsó al mercado a un crecimiento explosivo y no esperado.
Ese año se instaló en Chile el ciudadano israelí Avram Fritch y fundó “General Security”. El primer año vendió 115 alarmas. Al cuarto ganó una licitación que lo llevó a poner cinco mil botones de pánico en Las Condes. Para el sexto (1998) ya tenía 50 mil clientes en la zona oriente de Santiago, el 60% del mercado de alarmas residenciales, mil empleados y una oferta de compra de parte de la empresa norteamericana del mismo rubro “Tyco”. Cuando se concretó la venta, la empresa pasó a llamarse “ADT General Security”. Hoy es la más grande del monitoreo de alarmas en el país, pero no sin competencia.
No está claro cuántas empresas de alarmas hay actualmente en Chile, pero con una demanda estimada entre los 265.000 y 290.000 usuarios –de ellos, el 40,8% son particulares–, fue el sector que más creció durante 2007.
En 1994 la ley que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad se modificó, pero sólo en un acápite: se traspasó su acreditación, control y fiscalización desde el Ejército a Carabineros, quedando a cargo de las 34 prefecturas territoriales del país. Cada una de esas prefecturas cuenta con una oficina de seguridad privada compuesta por un asesor en seguridad y tres funcionarios fiscalizadores, además de uno o dos administrativos, los que son responsables de fiscalizar a
las empresas que se encuentran en su jurisdicción.
En los años siguientes, el avance de la industria siguió a paso acelerado.
-Creo que ha sido una cosa de moda. La moda en el ambiente es usar alarmas y servicios de guardia para un condominio o para la casa, porque cuando se va conociendo un producto que se ha probado que produce un efecto positivo, la gente lo va a comprar. Los temas de seguridad se venden mucho –dice Eduardo Molina, gerente corporativo de seguridad de Prosegur, la empresa más exitosa dentro de la industria.
A fines de los ’90 los guardias ya habían igualado la dotación policial: había 120 empresas estratégicas registradas por el OS-10 con su propia dotación de seguridad y 1.697 vigilantes armados que en su mayoría trabajaban en el transporte de valores. Además, el mercado se había transformado en un foco de inversión para grandes empresas extranjeras. Actualmente, las más fuertes de cada sector tienen presencia de capital internacional: ADT maneja el mercado de alarmas con capitales norteamericanos, Prosegur (España) y Brink’s (EE.UU.) dominan el transporte de valores y G4S, una compañía sueca, hoy es la empresa de guardias más grande de Chile. Y en el ambiente se habla de que Securitas, otra empresa sueca que según su
sitio web tiene presencia en 30 países, será la próxima en entrar en la competencia.
-Securitas es más grande que G4S: factura US$10.000 millones al año a nivel global. Es la más grande del mundo y por supuesto que al llegar a Chile quiere ser la primera –asegura Christian Exss, presidente de la asociación gremial del sector Emprorse y gerente general de la empresa Proguardias.
Y fue precisamente el sector donde se desempeña Exss el que más creció desde que empezó el negocio: hoy los guardias conforman cerca del 60% de la facturación total del mercado. De ahí que, a pesar de que muchos lo consideran un trabajo transitorio por el alto nivel de rotación (cercano al 21%), los bajos sueldos (en promedio, $191 mil) y las precarias condiciones de trabajo, hoy se hayan reunido cerca de 900 personas en la Escuela de Suboficiales de Carabineros para rendir la prueba.
-Mucha gente entra a buscar trabajo diciendo “aunque sea de guardia”. Ya eso es un indicativo de que no está bien mirado –asegura el vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Antidelincuencia de la Cámara Nacional de Comercio, Jorge Lee.
Negocio para todos
A través del sistema de radio, el sargento que está en la guardia recibe un mensaje. Hace media hora que se cerraron las puertas para rendir la prueba del OS-10 y aún llegan algunos rezagados. En cosa de segundos llega un teniente a dar nuevamente la orden. Parece que es en serio.
-Manden a algunos internos para allá atrás que está el tremendo despelote –dice el teniente.
-¿El despelote al que se refiere es por la gente que vino a rendir el examen?
-Claro. Es que son muchos y es difícil controlarlos. Algunos se meten en zonas que no deben. Y están los casilleros de los internos, hay armas. Es un recinto policial, así que no pueden andar moviéndose por donde quieran. Hay que tener cuidado –responde el teniente mientras camina de vuelta al patio.
-¿Cuidado de qué? ¿De que los guardias de seguridad se roben las cosas?
-Sí. Ha pasado varias veces. Abren los casilleros y se llevan pertenencias de los internos.
En el patio que está atrás del edificio con salas de clase, cerca de 700 personas esperan que el oficial del OS-10 los llame por su nombre desde el segundo piso. Los otros 200 ya fueron nominados. Al nombrarlos, se forman en grupos de 35 y son llevados en fila a alguna de las 10 salas dispuestas para el examen. Son 50 preguntas y, según el capitán Luis Rojas, oficial del OS-10 a cargo del proceso de evaluación de este sábado, todas las pruebas son distintas. Un programa computacional se encarga de seleccionar aleatoriamente las preguntas para medir los conocimientos que los postulantes adquirieron –o perfeccionaron- durante las últimas tres semanas en los cursos para guardias que ofrecen las
203 empresas de seguridad con servicios de capacitación registradas en Chile. En ellas, muchos carabineros dictan clases. El cumplimiento de ese curso es obligatorio, como también el estar contratado, ser chileno, tener al menos hasta 8º básico rendido y no contar con antecedentes penales ni deudas en su registro en Dicom.
Al final del día se espera que el 99% de los examinados apruebe el cuestionario. El 1% restante tendrá dos oportunidades más. Después de eso, el que no lo logre deberá hacer de nuevo el curso.
El proceso de capacitación y evaluación significa un movimiento importante de dinero. El curso básico para guardias de seguridad dura 90 horas cronológicas, es obligatorio cada tres años y tiene un valor que fluctúa entre los $70.000 y $90.000. Si se considera que el 44% de los guardias son capacitados por empresas externas, el ingreso mensual de las capacitadoras alcanza los $ 2.200 millones anuales. A eso hay que sumar a aquellas empresas que forman internamente a los guardias que contratan y les cobran por la capacitación, aunque la ley diga que debe ser costeado por los empleadores.
El servicio que prestará cada uno de los guardias acreditados cuesta en promedio $400 mil al mes. Considerando esa cifra y la cantidad de guardias activos, los ingresos por servicios de vigilancia superan los $37.000 millones mensuales. Ese monto se reparte entre las poco más de mil empresas de guardias registradas, de las cuales, según el último estudio sobre la oferta de la industria, el 9% factura más de $600 millones al mes, mientras que un 64% lo hace bajo los $60 millones.
Pero la torta no sólo se reparte entre privados: Carabineros, la única autoridad fiscalizadora en la materia, también recibe ingresos. Por cada una de las pruebas cobra 0,25 UF ($5.300), lo que al año termina reportándole a la institución cerca de $381 millones. Si a eso se le suman los 0,15 UF que se le cobra a la semana a los cerca de 150 vigilantes privados evaluados por el GOPE, la cifra anual bordea los $400 millones.
El 13 de enero CIPER envió
una carta a la Subsecretaría de Carabineros preguntando el destino y uso de esas platas. Nueve días después, la subsecretaria Javiera Blanco contestó que enviaría la solicitud a la Dirección General de la institución y que desde ahí remitirían la respuesta. Hasta el momento no ha llegado nada más.
“Pega de moda”
Son las 10:00 y empiezan a salir de las salas los primeros evaluados. El proceso de acreditación durará, al menos, dos horas y media más.
Rodrigo Rodríguez y Raúl Castillo salen rápido y tranquilos de la Escuela de Suboficiales. Ambos trabajan como guardias de seguridad en el Hotel Ritz-Carlton y vinieron a dar la prueba de perfeccionamiento después de haber hecho un curso de 40 horas cronológicas en una empresa de capacitación. A diferencia de la mayoría, ellos pertenecen al 20% de guardias que trabaja por contrato directo. Según ellos, aprobar el examen les significará un aumento de sueldo, así que se van contentos.
Más atrás viene un grupo de la empresa CBS, una compañía de guardias de seguridad que se desempeña en la Zona Sur de Santiago y que cuenta con 180 guardias. Cuarenta de ellos llegaron hoy en una micro particular para rendir el examen. También salen confiados en haber aprobado. Pero al frente de la calle, hay un hombre que no tiene por qué celebrar.
Después de 20 años trabajando en un matadero, hace cuatro que empezó como guardia. Tiene 48 años, tres hijos universitarios y un sueldo de $160.000. El primer curso de capacitación se lo dieron gratis en la Municipalidad de Cerrillos. Pero para renovar su acreditación como guardia de la empresa de seguridad JAM, debió desembolsar de su bolsillo los $60.000 que le costó el curso de perfeccionamiento, cosa que según la ley, debe ser costeado por los empleadores. También las 0,25 UF de la prueba. Sin embargo, llegó tarde y no lo dejaron ingresar. Por eso y otras cosas, está enojado.
Cuenta que el ambiente laboral de los guardias es “peludo”. Según él, no respetan los horarios, los sueldos son bajísimos, la infraestructura es deficiente y los empleadores los tratan más como un objeto que como personas. Además, dice que debido a su baja renta y a la inestabilidad de su trabajo, no tienen derecho a créditos bancarios. Lo mismo dicen en la Federación de Trabajadores de la Seguridad (Fetrasech). Pero allí también se reciben reclamos por golpes, amenazas con armas y constantes hostigamientos y persecuciones. En las empresas de retail también se habla de esas situaciones. Pero los vigilantes privados que trabajan en ese rubro no quieren acreditar sus denuncias.
Mientras fuma, el guardia que llegó atrasado recuerda lo que escuchó cuando le ofrecieron el curso gratis hace cuatro años en su municipalidad.
-Me dijeron que era la pega de moda –dice mientras sonríe con ironía.
La “elite” armada de la seguridad privada
Para el coronel Alberto Etcheberry, subdirector del OS10, los vigilantes privados son “la elite de la seguridad privada”. Quizás porque a diferencia de los guardias, siguen siendo un espacio para el reciclaje de suboficiales de las FF.AA. y de las policías, o porque los requisitos de entrada son algo más exigentes. En todo caso, y aunque a primera vista la única gran diferencia entre un vigilante privado y un guardia de seguridad sea el arma en su cinto, existen otras distinciones.
Lo primero: no hay empresas que ofrezcan servicio de vigilantes privados. La ley establece que las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, las entidades públicas, las compañías de transporte de valores, las empresas estratégicas y los servicios de utilidad pública que se determine, deben tener su propio servicio de vigilantes privados. También prohíbe ofrecer el servicio a otras áreas. Por eso sólo existen vigilantes por contrato directo. Y aunque su campo de acción es mucho menor que el de los guardias, tampoco es tan reducido: para enero de 2007, el Ministerio del Interior contabilizaba 2.122 empresas obligadas a contar con sus servicios. Por algo ya en junio de 2006 había 6.389 vigilantes acreditados por el OS10.
Por otro lado, además de tener los mismos requisitos de entrada que los guardias, los vigilantes privados por ley deben ser ex miembros de las FF.AA., Carabineros, Investigaciones o Gendarmería, o haber cumplido con el servicio militar. Sin embargo, no siempre es así.
-Hemos transferido a personas que han llegado como conductores del camión y que luego de un tiempo quieren ser vigilantes. Si no tienen el servicio militar, pedimos que se observe y solicitamos que se le dé el beneficio. Y ha resultado, nunca hemos tenido problemas –cuenta Eduardo Molina, de Prosegur.
En la evaluación que realiza el GOPE cada sábado, se les hacen tres exámenes. El primero es teórico y es muy similar al de los guardias: se les pregunta sobre el marco legal de la seguridad privada, prevención de riesgos, protección de instalaciones, primeros auxilios, control de armas y comunicación y enlace. Pero sólo hasta ahí llega la similitud.
Los otros dos exámenes son de defensa personal y tiro con arma de fuego. Según dicen en el OS10, el 80% de los evaluados cada semana llega por el reentrenamiento que cada dos años les exige la ley.
-Los vigilantes tienen una vinculación directa y permanente con la empresa. La banca o las transportadoras de valores, por el nivel de riesgo que manejan, se preocupan de generar un proceso de mejoramiento continuo. De hecho, las remuneraciones son mucho mejores. Pero son gente que está capacitada para portar armas, así que si se capacitaran empresas para ofrecer este tipo de productos, también podríamos generar empresas para enviar mercenarios al exterior. Por eso hay que mantener un control y registro de ellos y sus armas –dice el coronel Alberto Etcheberry.
Seguridad profesional
-Los policías no saben de seguridad privada. Éste es un negocio y hay que mirarlo como tal. Pero la seguridad privada se descolgó de la seguridad pública, de los ex funcionarios, cosa que no comparto mucho porque hoy es una seguridad amateur –dice Eduardo Molina, quien después de renunciar a la Policía de Investigaciones hizo un diplomado en seguridad en la Universidad Bernardo O’Higgins.
Después de ese año estudiando, entró a Prosegur. Eso fue hace más de una década.
Sin embargo, a pesar de que la industria de la seguridad privada lleva casi 30 años desarrollándose en Chile, el mercado recién se está abriendo a una real profesionalización del área. Y eso implica un nuevo nicho de negocio.
Para que un asesor en seguridad sea acreditado por el OS10, se le exige un título profesional. Pero puede ser cualquiera: no tiene que estar relacionado necesariamente con el rubro. Lo mismo con los dueños de las empresas. Y mientras no egrese la primera generación de ingenieros de ejecución en seguridad de la UTEM, no va a cambiar, ya que es la única universidad que ofrece una carrera profesional enfocada a esta industria. Molina es parte de ese grupo.
-Lo que sí exigimos es que tenga el requisito complementario, un diplomado que es sobre las 400 horas que están impartiendo algunas universidades. Con ellas establecemos un mínimo indispensable. No entregamos estos diplomados al libre arbitrio de estas instituciones. Nosotros sabemos cuáles son los problemas que están impactando al sistema, qué demanda la gente –cuenta el coronel Etcheberry.
Actualmente, los diplomados referentes a la seguridad ciudadana o privada cuestan entre $590.000 (Universidad Alberto Hurtado) y $1.225.000 (Universidad Santo Tomás). Además de las tres mencionadas, entre las que los ofrecen están las universidades del Mar, de Chile, Central y del Aconcagua, entre otras. Y son un buen negocio si se considera que el OS10 los exige para acreditar a asesores, supervisores y dueños de empresas de seguridad. Pero también lo es para las instituciones armadas: en todos ellos hay miembros de la FF.AA. y de Orden (activos y en retiro) dictando clases.
